Encuentros entre organizaciones étnicas territoriales: compartiendo saberes sobre protección colectiva en Colombia
El Estado colombiano tiene obligaciones legales y compromisos de política pública para proveer medidas de protección colectiva de los derechos humanos, pero sus acciones para implementarlos aún son escasas e insuficientes. De acuerdo a testimonios de los líderes y lideresas sociales de las organizaciones étnico territoriales que participaron en dos encuentros de saberes, las medidas de protección que han sido otorgadas por la institucionalidad generalmente no corresponden a las necesidades de las comunidades ni se acoplan al contexto ni características del territorio donde habitan.
Múltiples organizaciones étnico territoriales en Colombia han solicitado medidas de protección colectiva del gobierno vía las rutas institucionales que enfrentan retos similares en los procesos burocráticos, sin una respuesta institucional coordinada. Los principales retos incluyen: medidas centradas en la protección individual y no colectiva, medidas policiales/militares y no integrales, confusión por la multiplicidad de instrumentos normativos y procedimientos institucionales (o rutas) existentes para acceder a la oferta institucional en materia de protección. Igualmente, se manifestaron demoras e ineficacia en la prestación del servicio y falta de voluntad política para cumplir con sus compromisos, entre otros.
Hasta el momento, estas organizaciones étnico territoriales tienden a seguir sus propias rutas, sin iniciativas conjuntas coordinadas y sostenidas para reforzarse mutuamente ante los mismos cuellos de botella institucionales. Existe el imaginario entre las entidades nacionales y locales que las medidas de protección son responsabilidad únicamente de una entidad en particular, la Unidad Nacional de Protección (UNP). No obstante, las medidas de protección colectiva que demandan las organizaciones étnico-territoriales, son integrales en la medida en la que involucran diferentes sectores y por ende requiere de la intervención de múltiples Ministerios y entidades del estado. La experiencia de incidencia del Consejo Comunitario General del San Juan, ACADESAN muestra que muchas otras entidades podrían comprometerse para ofrecer múltiples medidas de protección colectiva. Sin embargo, más de un año después de la firma de estos compromisos, las acciones rezagadas de la mayoría de las entidades subrayan la relevancia de un monitoreo e incidencia permanente para su entrega de resultados.
